La prohibición del consumo de sal en grano revive retos para los salineros para el sector salud
| Gabriela Read/Clave Digital | ||||||||||||||||||
| domingo, 15 de marzo de 2009 | ||||||||||||||||||
MONTECRISTI, República Dominicana.- Como anda el negocio de la sal, así anda Montecristi”. La frase, habitual entre los moradores de este municipio salinero ubicado al norte del país, resume ahora su preocupación más reciente: la entrada en vigor, desde hace poco más de un mes, de la disposición de Salud Pública que prohíbe la comercialización de la sal para fines de consumo humano. Aunque desde hace varios años el organismo estatal viene advirtiendo al sector que la sal en grano no garantiza a la población la ingesta necesaria de yodo, la medida, dicen, les tomó por sorpresa. “Nos enteramos por los periódicos, nunca recibimos una comunicación donde se nos emplazara”, expresa Víctor José Pérez, administrador del Consejo de Administración Salinera de Montecristi.
Quince días después del anuncio, y ante los decomisos de toneladas de sal en grano de los distintos mercados, los productores entraron en pánico. Y no era para menos. “La sal significa la espina dorsal de nuestra economía”, apunta Farí Batista, uno de los fundadores de la industria en ese municipio. Y Víctor Sánchez, contador del Consejo local, lo explica en cifras: “El 52% de nuestras ventas corresponden al sector industrial, y el 42% al consumo humano”.
Pero la frase de Batista tiene aún más implicaciones. Contrario al resto de los municipios salineros, que pertenecen a los ayuntamientos de sus localidades, las salinas montecristeñas están en manos de 316 productores privados que emplean alrededor de 1,500 trabajadores. En la localidad, el producto del mar evoca el origen de la palabra salario, al pagar las cuentas de quienes viven de la explotación del producto. Al tiempo, favorece a otros sectores del comercio local como el transporte pesado, la venta de sacos y combustible, entre otros, con lo que se dinamiza toda la economía del municipio.
La disposición de Salud Pública entró en vigor en un momento en que la producción de sal se encuentra en baja, con lo que el mineral presente en los almacenes logró colocarse en el mercado industrial, al menos por el momento. Sin embargo, cuando el próximo mes de junio comience nuevamente el período de producción, no sabrán donde almacenar el producto.
Desde hace poco el Consejo de Administración Salinera de Montecristi ha estado reuniéndose con ProIndustria, así como con inversionistas privados, para venderles un proyecto de refinería cuyo costo se ubica entre los 40 y 50 millones de pesos. También intentan conquistar al Estado dominicano para que los ayude con el financiamiento de una empresa que consideran necesaria, pues en el país no existen refinerías como tales, sino más bien empresas envasadoras de sal refinada que viene del extranjero, o bien industrias que muelen, pero no refinan, la sal marina de origen local. Esta petición no es nueva, si bien nunca como ahora había sido tan urgente para los salineros, quienes cuentan con la promesa de Salud Pública de certificar la producción de la sal, si logran instalar la anhelada industria.
“La refinería es una empresa rentable. No queremos que nos den, sino que nos ayuden con el financiamiento. Montecristi es un pueblo pobre, el sector salinero no tiene los recursos para buscar esos 50 millones de pesos”, expresa Pérez.
Es justo ahora, ante la búsqueda obligada de alternativas para solucionar la crisis que se les avecina, cuando el Consejo aprovecha para arrojar algunos señalamientos que en otras circunstancias tal vez habría omitido, pero que son dignos de tomarse en cuenta. Airados por la medida de Salud Pública, han iniciado sus propias investigaciones sobre la sal refinada de consumo local.
Según el administrador del Consejo, algunos industriales estarían introduciendo al país sal de gema para abaratar los costos de producción. La práctica consistiría en mezclar la sal mineral con sal de origen marino, a los fines de producir la sal de mesa. Incluso cuando el resultado de esta mezcla sea una sal yodada, el consumo humano o animal de sal de gema está prohibido en el país por considerarse nocivo para la salud. Esta disposición está contenida en el reglamento de la ley 286-98, la cual crea el Consejo de Administración Salinera, encargado de la distribución de la sal marina a nivel nacional.
Otro planteamiento es que la mayoría de las sales refinadas presentes en el mercado local no están yodadas o las concentraciones no son las adecuadas. Esta afirmación es extensiva para las sales de origen extranjero.
Estas últimas afirmaciones también son confirmadas por Altagracia Fulcar, quien trabaja para el Departamento de Salud Colectiva y da apoyo al Programa de Sal Yodada de Salud Pública.
“En el país se distribuye más sal extranjera que nacional. Esto es por la calidad. Según ellos (los industriales locales), sale muy costoso refinarla aquí por el alto nivel de contaminantes que tiene. La mayoría viene de Colombia y Estados Unidos”, dice. Y añade: “La sal de Estados Unidos no tiene la cantidad de yodo que nosotros requerimos”, por lo que recomienda tener cuidado al consumirla.
En ese sentido, Pérez sostiene que, mientras su sector busca soluciones, Salud Pública debe aplicar las normas a todos por igual. “Si nos están retirando nuestra sal por asuntos de yodo, entonces que retiren todas las otras sales que tampoco tienen el yodo suficiente para la población”, plantea.
Estafa Encontrar sal yodada en un supermercado o colmado puede ser una lotería. Los monitoreos hechos a una misma marca pueden arrojar resultados distintos cuando se trata de di muestras diferentes. Pero incluso, si al hacer la prueba casera (con jugo de limón) se halla frente a un morado positivo, consumir esa marca no garantiza la adquisición de yodo en las cantidades suficientes que requiere el organismo. Al menos un 82% de las marcas disponibles en el mercado mienten al asegurar en su etiqueta que la sal está yodada, en tanto que apenas un 13.7% posee yodo en las cantidades adecuadas, según una investigación de 2005 presentada por Salud Pública.
En el informe se recomienda la implementación de un plan de monitoreo efectivo, así como sanciones para quienes violen la norma de “Sal de calidad alimentaria para el consumo humano”, conocida como NORDOM 14. Hasta la fecha, estas últimas no han sido creadas, mientras que los análisis de concentración de yodo no se aplican desde hace algún tiempo, según explica Fulcar, aunque aclara que el departamento encargado de estos monitoreos es la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
En su opinión, “lo correcto es que haya algún mecanismo de sanción, porque automáticamente la población es engañada con un producto que dice que contiene un micronutriente y cuando haces la prueba, no tiene; eso es una estafa que merece sanción”.
Por su parte, el organismo que representa se encuentra desarrollando programas de concienciación en distintos sectores para convencer a la gente de abandonar el consumo de la sal en grano. Funcar sabe que se trata de un trabajo muy duro, pues se trata de cambiar hábitos muy arraigados en la población.
Sin embargo, los distintos monitoreos realizados por SESPAS han permitido demostrar que a medida que se incrementa el consumo del yodo en la población, los índices de prevalencia de cretinismo, bocio e hipertiroidismo tienden a bajar.
Por fin, en un lucha que se remonta al año 1993, los productores salineros y Salud Pública concuerdan, aunque desde intereses y posiciones distintas, en la necesidad de la iodización del producto marino.
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